La llamada justicia comunitaria

Por César Bazán Seminario

“¡Maten a la vieja bruja!” Con esa frase puesta en la boca del “enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia)” empieza el escritor boliviano Juan Claudio Lechín un artículo publicado por el diario El Comercio (Perú), el lunes 18 de julio pasado. Dicho artículo refiere a un caso, desde luego criticable, del accionar de la justicia comunitaria. El problema es que en base a ese caso –o poniendo como ejemplo ese caso- el artículo llega a conclusiones generales, prejuiciadas y falsas sobre la justicia comunitaria, la cual es una manera de resolver conflictos autorizada por la constitución boliviana, peruana, ecuatoriana y colombiana (por mencionar sólo unos ejemplos) y por convenios y declaraciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y las Naciones Unidas.

La justicia comunitaria es la justicia que ejercen diferentes grupos de personas: la constitución peruana del 1993 llama a aquellos grupos comunidades campesinas, nativas y rondas campesinas, mientras que la constitución boliviana del 2009 habla de naciones y pueblos indígena originario y campesino. Dichas comunidades tienen autorización para aplicar su propio derecho mediante sus propias instituciones, teniendo en claro que uno de los límites a dicha justicia es el respeto de los derechos humanos.

Las razones de fondo para la justicia comunitaria pueden encontrarse en que los grupos humanos que la administran suelen tener rasgos culturales que los diferencian considerablemente de lo que pretende ser la “cosmovisión oficial” del resto del país, normalmente relacionada con el pensamiento y los saberes occidentales. Otro elemento importante, es que efectivamente la debilidad de nuestros Estados determina que el servicio de justicia oficial no llegue o no llegue adecuadamente a dichas localidades.

Eso significa que el pueblo se organiza para administrar justicia. Y esta tarea normalmente ha dado resultados valiosos. En el norte del Perú, por ejemplo, las rondas campesinas lograron generar mayores niveles de seguridad entre la población al eliminar prácticamente el robo de ganado y al administrar justicia en conflictos locales. Su caso es uno de los más importantes, a tal punto que durante los años ochenta se expandió el modelo al resto del Perú. Las rondas campesinas han servido para proteger derechos humanos del campesinado, como la propiedad: al proteger los bienes de las personas; la libertad sexual: al combatir las violaciones sexuales; el interés superior del niño: al resolver problemas de padres que se niegan a dar alimentos a hijos extramatrimoniales; etc. La justicia comunitaria en sí es una expresión del derecho a la identidad cultural y del derecho de acceso a la justicia, siendo el derecho de acceso a la justicia un derecho instrumental que sirve para proteger otros derechos.

Esto no niega que la justicia comunitaria pueda cometer excesos y se den casos problemáticos como el que narra Lechín. Situaciones como esa deben criticarse. Sin embargo, toda aproximación a la justicia comunitaria debe hacerse con respeto y no minusvalorando y ridiculizando a ese Otro que pretendemos criticar. La comparación de la justicia comunitaria, por ejemplo, con la Volksjustiz es una clara muestra de esa falta de respeto, que poco abona a un diálogo democrático. Sería bueno tener en claro, que el saber jurídico occidental no puede considerarse superior respecto de los saberes jurídicos de la justicia comunitaria y un diálogo democrático entre todos exige el respeto como punto de partida.

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Aquí el artículo de Lechín

CONSECUENCIA DE UNA LEY EQUIVOCADA

La llamada justicia comunitaria

Por: Juan Claudio Lechín Escritor

Lunes 18 de Julio del 2011

“¡Maten a la vieja bruja!”, pidió el enardecido pueblo de Ayopaya (Cochabamba, Bolivia) durante el juicio que le hicieron a una anciana de 80 años bajo la modalidad de la ‘justicia comunitaria’.

Una de las ofertas electorales de Evo Morales durante su campaña del 2005 fue la de hacer una nueva Constitución. Una vez que subió al gobierno, se realizó con un sello autoritario. Los artículos no se votaron con el 66% de los asambleístas señalado por ley, sino con la mayoría oficialista y, dentro de un cuartel, la bancada oficialista aprobó la Carta Magna.

El diseño constitucional, luego se supo, lo hizo la CEPS, una fundación valenciana dirigida por Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, quienes también diseñaron las constituciones de Venezuela y Ecuador.

Aunque españoles los arquitectos, la nueva Constitución boliviana tiene formas indígeno-originarias, como la ‘justicia comunitaria’ no regida por las leyes escritas del país y no interpelada por la Corte Suprema ni ningún otro estrado judicial.

Se trata de un régimen endógena, oral y sujeto a la tradición de los pueblos indígenas.

Varias agencias europeas de cooperación, sobre todo de Suecia, Holanda y Francia, necesitadas de cumplir sus agendas de colocación de dinero, financiaron la nueva Constitución y sus detalles.

Lo que jamás hubieran permitido en sus países experimentaron en este a ver si jugando a Dios –con la miseria y debilidad institucional de pueblos periféricos– descubrían alguna novedad socioantropológica, mientras cumplían sus ensoñaciones hippies de juventud.

A quienes llamaron a la sensatez los consideraron oligarcas heréticos tratando de detener el “proceso de cambio”.

Según el periódico “Opinión” (zcamacho@opinion.com.bo, 30/6/2011) y la socióloga Julieta Montaño (julietamontaño@hotmail.com), un curandero llegó en enero a la comunidad indígena de Ayopaya convocado por los padres de dos muchachos con retraso. En criterio del profesional, una ‘laiqka’ (bruja) los había hechizado.

Encontraron a la anciana de 80 años, le hicieron un tribunal popular, la golpearon, la obligaron a tomar orines de tres hombres y, finalmente, se confesó culpable de brujería, mientras el pueblo pedía su quema o entierro.

Los magnánimos dirigentes la expulsaron de la comunidad. Ahora ella deambula mendigando por la ciudad de Cochabamba sin familia, sin sus pocas pertenencias y quejándose a quien la quiera escuchar.

Los dirigentes del pueblo de Ayopaya se han enterado y le han prometido una condena mayor, la próxima vez. Este es uno de los muchos crímenes de la ‘justicia comunitaria’.

¿Son bárbaros estos indígenas? No. También los preclaros alemanes hicieron lo mismo (o peor) con los ‘volksjustiz’, tribunales tradicionales, y Fidel Castro con los tribunales populares.

El poder absoluto en el gobierno es imitado por los poderes más bajos. Son complicidades estamentadas de lo peor del ser humano.

Los caudillos absolutistas tarde o temprano queman cables por exceso de poder y soberbia, y con ellos toda su colectividad de apoyo.

Por eso, y sin lugar a dudas, la ley, aun en instituciones defectuosas, es infinitamente mejor.

Algún día Bolivia tendrá que asumir su culpa por estos crímenes, pero también se deberá señalar las cooperaciones irresponsables del Primer Mundo, como adláteres e instigadoras.

Fuente: El Comercio, a4, edición impresa 18 de julio de 2011

Hacia la decolonización del pensamiento en Perú y Latinoamérica

Nuestro querido Perú tiene una larga historia colonial que se remonta al viejo siglo XVI (después de la llegada de Cristóbal Colón a América) y se extiende durante muchísimos años hasta inicios del siglo XIX. Como sabemos, los españoles y los portugueses fueron los principales conquistadores de estos territorios, aunque también participaron de la ocupación (algunos inclusive hasta hoy) Francia, Holanda, Estados Unidos, entre otros. Pero los principales fueron, sin duda, los españoles y los portugueses.

Antes de que esos pueblos llegaran a América, estas tierras eran habitadas por algunas civilizaciones muy fuertes, como la azteca, la maya y la inca y por otras con menos poder. Las diversas resistencias que ofrecieron dichas civilizaciones fueron poco fructíferas para mantener una posición hegemónica, de modo tal que los españoles y portugueses ganaron las batallas militares, que los llevaron a expandir su imperio por América.

El poder de los españoles trató de ocupar diversos campos de la cultura en el Perú. Me refiero a la cultura española: su religión, su derecho, sus instituciones políticas y económicas, su moral, su conocimiento científico, su estética, etc. Aquello que ellos representaban se convirtió en lo oficial. Lo español devino en lo oficial. En los círculos oficiales de las élites en América no había mas espacio para la cosmovisión indígena.

Los indígenas mismos y sus saberes, su ciencia, fueron subordinados. Según las ciencias y el conocimiento europeo, aquello que sabían los indígenas no podía ser considerado ciencia. El derecho indígena fue llamado costumbres, la religión indígena fue llamada superstición, etc. Luego de largas discusiones, la teología y la filosofía europeas llegaron a la conclusión de que el indígena es un ser humano, que tiene un alma, pero que su compresión del mundo no está suficientemente desarrollada. Por eso le dieron a los indígenas el estatus de menor de edad.

Esa concepción del mundo, producto del colonialismo, fue oficial en la América colonial. Igualmente el colonialismo integró al Perú y los demás pueblos al mercado mundial en el que se encontraba España. El rol de los territorios peruanos era básicamente producir materias primas, las cuales eran llevadas a los regímenes del centro.

Como se sabe, a fines del siglo XVIII e inicios del XIX hubo varias revoluciones en América Latina y el Perú fue incorporado lentamente en los procesos de independencia, que llevaron a una ruptura formal con el colonizador. Desde hace unos años se celebra en varios países de América Latina el bicentenario de la independencia de España y Portugal. Sin embargo, varias características del colonialismo están presentes aún en nuestras sociedades postcoloniales.

Los pueblos indígenas, los que todavía existen, viven aún subordinados, son normalmente muy pobres y tienen un deficiente acceso a los sistemas oficiales de salud, educación, justicia, etc. El conocimiento y las ciencias europeas -y ahora la estadounidense- son todavía oficiales. Por ejemplo, en el campo del derecho y ciencias políticas usamos ortodoxamente instituciones y conceptos construidos por las ciencias europeas o estadounidenses, como estado de derecho, democracia, poder judicial, etc. El Perú sigue integrado en el mercado mundial, empoderándose como exportador de materias primas.

En ese contexto es necesario impulsar una reflexión sobre el colonialismo y el postcolonialismo en la dirección de decolonizarnos. Y el primer paso, es evidentemente tratar de decolonizarnos a nosotros mismos: decolonizar nuestro pensamiento. Por ejemplo, es preciso dejar de pensar que la cultura estadounidense o la cultura eruopea, su cosmovisión, es la mas desarrollada, la mas moderna. Asimismo, sería bueno dejar de considerar incivilizadas a las manifestaciones propias de las culturas latinoamericanas, como la justicia de las rondas campesinas. Por el contrario, la relación con nuestra propia cultura y la relación con otras culturas deben basarse en un respeto general.

En segundo lugar, sería importante que nuestras élites intelectuales contribuyan a afianzar los procesos de decolonización, que se están gestando a lo largo del continente. Para ello es fundamental su aporte en la producción de conocimiento original, de teorías que sean mas adecuadas para interpretar la realidad latinoamericana. Y en esa labor, resulta especialmente importante considerar que el Perú se encuentra inmerso en un sistema-mundo, donde los países centrales juegan un papel distinto a los países de la periferia. En ese sentido, analizar las relaciones de poder entre el centro y la periferia es de vital importancia.

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cuadros: Guayasamín