La política Aduviri

Hasta hace unos meses, las acciones del dirigente aimara Walter Aduviri fueron objeto de diversas noticias, controversias y muchísimas especulaciones. Básicamente, a mi entender, por dos (2) aspectos fundamentales:

a) El objeto de su protesta: Entre las muchas demandas que enarbolaba el citado dirigente podíamos encontrar las siguientes: (i) el cese de las concesiones mineras en la región; (ii) la cancelación de las concesiones petroleras; (iii) la detención de la obra de la hidroeléctrica de Inambari; (iv) la derogación del Decreto Supremo N° 083-2007-EM, que “da prerrogativa especial a empresas extranjeras en el caso del proyecto minero Santa Ana”; y (v) la (in)aplicación del Convenio N° 169 de la OIT.

b) El mecanismo utilizado para protestar: Con independencia del juicio que se pueda tener respecto del objeto de su protesta, el señor Aduviri recurrió a realizar manifestaciones, bloqueos en carreteras y marchas. En algunas de dichas actividades, algunas personas cometieron actos delictivos, tales como vandalismo contra locales del sector público y privado.

No es objeto de la presente nota, señalar mi posición sobre el objeto de la protesta (aunque ya tenga una al respecto), sino establecer un cuestionamiento al modo de formular reclamos en el país. Veamos por qué:

1. Los efectos de la protesta convocada por el señor Aduviri.-

Como es conocimiento de varios los “métodos” adoptados para realizar las protestas generaron, entre otros, los siguientes efectos:

a) Luego de cuarenta y cinco (45) días de paralización por las referidas marchas, se calcula que el departamento de Puno habría perdido un aproximado de US$ 117’000,000.00 (ciento diecisiete millones de Dólares de los Estados Unidos de América) (ver: http://elcomercio.pe/peru/832714/noticia-puno-perdio-mas-us117-mlls-paro-antiminero).

Creo que es evidente que esta es una cifra alta. Pero sigamos. Estos 117 millones de dólares “perdidos” no se refieren, solamente, a los ingresos de una empresa millonarísima. No señor. Son los ingresos de miles de pequeños comerciantes que a través de su trabajo, pueden generar un flujo de dinero suficiente que les permita vivir con tranquilidad (a ellos y a su familia, se entiende).

De estos 117 millones, la gran mayoría se refiere a ingresos que hubiese obtenido el sector turismo, infraestructura y aduanero.

¿Qué quiere decir todo esto? Que muchísimas personas (y sus familias) que no necesariamente estaban o están de acuerdo con la protesta del grupo comandado por el señor Aduviri han sufrido un daño tangible como consecuencia de la marcha realizada.

b) Daños en la infraestructura de la SUNAT de Puno, así como en diversos locales privados: Como recordaremos varios, algunas personas que participaron de una de las marchas, cometieron actos vandálicos que generaron daños en la infraestructura de los locales de diversas entidades públicas y privadas (por ejemplo, de acuerdo con el link puesto anteriormente, los daños al local de la SUNAT ascendieron a US$ 10.7 millones).

Nuevamente tenemos a un sector que, a pesar de no comulgar con las ideas del señor Aduviri, sufre un daño.

c) Bloqueos de carretera (http://elcomercio.pe/peru/774046/noticia-puno-retoma-su-paro-antiminero-bloqueando-via-hacia-desaguadero y http://elcomercio.pe/lima/775119/noticia-paro-antiminero-bloquean-carretera-interocenica-puno-madre-dios). Ahora, en este caso, resulta claro que esta acción equivale a una infracción flagrante al derecho de todos los peruanos a la libertad de tránsito (inciso 11 del artículo 2° de la Constitución). Sin embargo, ello además representa un daño para los comerciantes quienes no pueden realizar transacciones con personas que estén ubicadas en otra localidad (http://elcomercio.pe/peru/766032/noticia-exportadores-bolivianos-pediran-can-reparacion-paro-puno). Es decir, representa un gravísimo atentado contra la actividad que muchos peruanos realizan para su sustento (comercio).

d) Intento de toma de aeropuerto: Como se sabe este acto vandálico (http://elcomercio.pe/peru/808933/noticia-juliaca-manifestantes-ingresan-al-aeropuerto-inca-manco-capac) tuvo un saldo de cinco personas fallecidas. Una tragedia total.

De acuerdo con todo lo que hemos visto, esta protesta social generó un sinnúmero de efectos negativos. Muchos de ellos para personas que no participaron de la protesta y que, en muchos casos, tampoco comparten la posición que motiva la misma.

2. La regulación de las marchas en el país.-

En el Perú no tenemos una regulación específica respecto de las protestas sociales que puedan realizarse. Es más, unos tempranos proyectos de ley fueron ampliamente rechazados (ver: www.aprodeh.org.pe/criminilizacion/documentos/crimi.pdf) y no fueron emitidos, puesto que atentaban contra el derecho constitucional de reunión y de libertad de expresión

Siguiendo ello, y de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 4677-2004-PA/TC, se ordenó que en ningún caso el ejercicio del derecho de reunión puede ser sometido al requisito de autorización previa por parte de la autoridad administrativa, la cual solo podrá restringirlo o prohibirlo atendiendo a las concretas circunstancias de cada caso y solo por razones objetivas, suficientes y fundadas.

En este sentido, para efectos de hacer una marcha, sólo hay que solicitar una autorización a la Municipalidad competente y, en algunos casos, hacer el mismo pedido a la Prefectura.

Sin embargo, tal como es reconocido en la doctrina, a fin de ejercerse adecuadamente dicho derecho de reunión, el mismo tiene que realizarse pacíficamente y sin armas (cosa que, lamentablemente, no siempre sucede).

3. ¿Es adecuada esta modalidad de protestas?.-

Como hemos señalado en el punto 1 de la presente nota, los efectos negativos de una protesta social son numerosos. Y muchos de estos pesan directamente sobre personas que no apoyan el ejercicio de la misma. Sin embargo, en virtud de un mandato constitucional deben “soportarlos”.

No tengo nada en contra de ello, si es que fuesen marchas pacíficas que cumpliesen con respetar el Estado de Derecho o si no involucrasen la imposición por la fuerza (cierre de carreteras, “forzar” cierre de establecimientos no “alineados”, etecé). Pero ese no fue el caso respecto a las protestas en Puno.

A pesar de todo ello, son cada vez más numerosas este tipo de protestas.

¿Por qué? Porque reportan resultados para los interesados. El Estado “dialoga” con ellos a fin de que depongan la “medida de fuerza”.

Esto, como podrán adivinar, no me resulta coherente. Tenemos derecho a discrepar respecto a alguna medida e incluso a protestar contra ella. Pero debiéramos hacerlo según un procedimiento que permita “minimizar” los efectos negativos de la misma.

Iniciar un reclamo frente a la entidad estatal competente, interponer una demanda ante el Poder Judicial (solicitando una medida cautelar “fuera” de proceso); son sólo algunas de las medidas que se pueden adoptar para ello. No puede ser que la primera medida sea la “marcha”, la protesta y el bloqueo.

Ello, en un Estado mínimamente respetable, no debiera ser así. Estas movilizaciones que buscan la imposición de una postura, debieran ser la “última ratio” y siempre respetando la propiedad privada, así como la integridad de las personas.

Es por eso que considero que la mentalidad de la marcha como primera medida debe de cambiar. Sin embargo, no veo que ello sea así en el corto plazo.

Estamos en una época de miedos, los cuales quieren imponer medios para un fin; en contra de lo que el respeto a los demás nos dicta.

Una lástima.

PS: Con esto no quiero decir que el derecho constitucional de reunión y la protesta deben abolirse. No señor. Sólo quiero decir que, por lo visto, no se ejerce pacíficamente en el país y se utiliza para generar muchísimos daños a terceros. Es esto lo que debe cambiar.